Celebramos 10 años de Debates de Educación dando voz a la comunidad educativa.
Una sociedad del conocimiento debe dedicar más recursos a la educación en todos los ámbitos, modalidades y niveles. Más allá, por lo tanto, de la escuela o de los sistemas educativos en sentido estricto.
Esta movilización de recursos requiere la participación pública y privada.
Los recursos públicos deben orientarse a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad educativa. La universalización de las prestaciones de servicios educativos con carácter gratuito quizás pueda seguir creciendo, pero no de forma indefinida ni indiscriminada. Habrá que delimitar su ámbito correctamente.
La procedencia pública o privada de la financiación educativa no debe tener una traducción en la forma de provisión del servicio (pública, privada o mixta). La aportación de la financiación pública no debe vincularse a la provisión de más servicios prestados desde las administraciones públicas. Habrá que potenciar otras vías hoy abandonadas, como son las becas, los incentivos fiscales a la oferta y uso de los servicios educativos.
En el marco del sistema educativo, la inversión en las etapas educativas iniciales es la más rentable social y económicamente. En el momento de distribuir los recursos públicos, siempre –pero especialmente cuando sean muy limitados– hay que afinar muy bien para establecer las prioridades.
La etapa de 0 a 3 años para aquellos niños que no tienen una atención familiar garantizada y, de forma general, la etapa de los 3 a los 12 años deberían ser prioritarias. Más y mejores docentes, más formación para el profesorado y más recursos. En cierta medida, habría que girar el esquema actual.
La financiación de los centros educativos en los niveles de enseñanza declarados universales y gratuitos presenta dos disfunciones que hay que superar.
Los centros concertados no reciben la financiación mínima suficiente para garantizar la gratuidad real en estos niveles, ni es una financiación análoga a aquella que reciben los centros públicos. Esta situación obliga a aquellos centros a apelar de forma sistemática al apoyo económico de las familias, con las consecuentes distorsiones que genera este mecanismo.
Los mecanismos de atribución de los recursos son demasiado uniformes y atienden casi exclusivamente a una variable cuantitativa de número de alumnos o de unidades. Esto es así para los centros públicos, y de forma más radical todavía, para los concertados. La complejidad del servicio educativo requiere mecanismos de atribución de recursos que valoren otros factores en relación a las necesidades educativas reales que cada centro debe atender.