Abogado especializado en legislación educativa y profesor asociado a la UPF
Las 3 cosas que he aprendido
Las riquezas públicas y privadas del país primero para las necesidades básicas de sus ciudadanos.
En lo referente a las decisiones políticas y económicas, la reforma de la Constitución de 2011 da la prioridad absoluta a hacer frente a los intereses y al capital de la deuda que, dicho sea de paso, suele transitar por circuitos sinuosos y, a menudo, tiene unos acreedores opacos. Dicha prioridad se pone por delante de la cobertura de las necesidades y de los derechos básicos de los ciudadanos, que también tiene amparo constitucional. Por eso, lo primero que hay que hacer es mover el acento, sobre todo cuando no se ha sabe lo suficiente sobre la licitud de las deudas. Así pues, la pregunta sería: ¿qué necesidades educativas se prevén en el futuro?, ¿cuáles son los contornos del derecho a la educación en una sociedad civilizada y hacia dónde van?, y ¿cuál es la cobertura educativa que hay que asegurar a todos los ciudadanos en todos los casos? En función de eso nos podremos preguntar sobre el volumen, el destino y la procedencia de la financiación y, sobre todo, qué hay que hacer para tensar las riquezas públicas y privadas del país y ponerlas al servicio de estos objetivos.
La financiación de la educación necesita las luces largas
Las situaciones de crisis, mucho más cuando son crónicas, son un buen momento para volver a plantearse la financiación pública y la selección de sus objetivos. Por dar dos ejemplos: ¿Se puede mantener hoy la concertación indiscriminada y prácticamente universal en la escuela privada? ¿Hay que seguir cargando en los presupuestos educativos el actual modelo de enseñanza de religión? La primera tentación, no obstante, es ahorrar en partidas menos trabadas, como por ejemplo la educación infantil, o que afectan a colectivos con menor capacidad de incidencia, como sería el ahorro en servicios y en políticas compensatorias, o partidas sobre las que se tiene un poder de disposición más directo, como es todo aquello que se mueve desde la esfera pública. Se trata de políticas que quizás aguanten una mirada corta. Pero, ¿hablaríamos de ahorro si calculáramos los costes a medio y largo plazo? ¿Acaso no deberíamos prever desde ya cómo financiar estos costes de futuro?
El refuerzo de la escuela pública, garantía de los derechos de la educación.
Aquí, igual que en los países de nuestro entorno, la universalización y la garantía del derecho a la educación ha venido básicamente de la mano de la enseñanza pública. Hoy la educación es más abierta, las exigencias del sistema son más grandes pero los recursos que se destinan flaquean y, sobre todo aquí, la condición de piedra angular de la escuela pública también flaquea. Habría que pensar si no se está debilitando demasiado, si la sociedad puede admitir una escuela pública más delgada, o hasta qué punto la iniciativa privada y el mercado pueden substituirla. También convendría preguntarse si unos poderes públicos con menos cuerpo, con menos asunción de responsabilidades y una escuela pública redimensionada, con menos cobertura y para menos, no acabará repercutiendo en un modelo que parecía haber reforzado la pata educativa del estado del bienestar. Prever financiación es prever el derecho a priorizar y satisfacer.
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