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Paulo Santiago, de nacionalidad portuguesa, es Analista Sénior en la Dirección de Educación y Capacidades de la OCDE desde el año 2000. Fue el coordinador de una revisión de tres años de la política de evaluación y valoración a nivel escolar, que concluyó con la publicación en 2013por parte de la OCDE de “Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment” (“Sinergias en aras de un mejor aprendizaje: una perspectiva internacional sobre la evaluación”). Actualmente es coordinador de una revisión sobre la efectividad del uso de los recursos en la escuela y también ha asumido la responsabilidad de importantes revisiones por países de las políticas docentes y políticas de educación superior. Las respuestas que ofrece aquí están basadas en las conclusiones publicadas en “Sinergias en aras de un mejor aprendizaje”.
En aras de optimizar el potencial de la evaluación para mejorar lo que está en el corazón de la educación –el aprendizaje del alumno– los legisladores deberían promover el uso regular de los resultados de dicha evaluación para realizar mejoras en el aula. La evaluación no tiene valor si no lleva a una mejora de la práctica dentro del aula y del aprendizaje del alumno. Los canales que pueden reforzar los vínculos con la práctica del aula incluyen: un énfasis en la evaluación del profesor para mejorar las prácticas de la enseñanza; concebir una autoevaluación de la escuela como proceso colectivo con responsabilidades para el profesorado; centrar la evaluación de la escuela en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje; promover la adopción de liderazgo pedagógico por parte de los directores de escuela; asegurarse que los profesores son considerados los máximos expertos en la valoración de los alumnos; fomentar la capacidad de los profesores para la valoración formativa del alumno; y fomentar la capacidad del profesor para evaluar distintos estándares educativos.
Al responsabilizar de los resultados a profesores, directores y escuelas, los sistemas de rendición de cuentas pretenden crear incentivos para mejorar el rendimiento. Al mismo tiempo, los usos más cruciales de los resultados de la evaluación pueden llevar a distorsiones en el proceso educativo (por ejemplo, enseñar sólo lo que vaya a aparecer en el examen o reducir el currículum). La evaluación puede percibirse como un instrumento para “controlar” y la función de desarrollo de la evaluación puede verse entorpecida por ello. Así pues, es importante diseñar los sistemas de rendición de cuentas de los resultados de la evaluación de tal manera que los efectos no deseados queden minimizados. Esto implica salvaguardas contra un énfasis excesivo en medidas particulares; comunicar que el objetivo último de la evaluación es el de mejorar los resultados de los alumnos; asegurarse de que las escuelas consideran justa la publicación de datos cuantitativos; y concebir los premios basados en el rendimiento individual como oportunidades de mejora profesional.
Una prioridad debe ser el refuerzo del análisis para el desarrollo de la planificación educativa y de las políticas. Las autoridades educativas deben promover estudios analíticos e investigaciones innovadoras sobre temas clave sobre factores que expliquen el rendimiento de los alumnos y el impacto del entorno socioeconómico del alumno en sus resultados. Asimismo, las autoridades educativas también tendrían que patrocinar estudios llevados a cabo por investigadores independientes que pudieran ser útiles para la política educativa. Otra posibilidad es requerir que las agencias de evaluación o los organismos externos de evaluación de las escuelas incluyan evaluaciones nacionales temáticas entre sus posibilidades. Estas revisiones globales sobre temas como el desarrollo profesional del profesorado, el bullying o acoso escolar, y la enseñanza de las matemáticas implicaría una revisión de las prácticas llevadas a cabo en una muestra de escuelas de todo el país y la producción de un informe a nivel nacional.